Anuario de Derecho Público 2023

El presente trabajo se refiere al sistema de nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional y el modo en que este ha operado en la práctica constitucional, con especial énfasis en los procesos de designación desarrollados entre 2022 y 2023. Con este objetivo se revisan los sistemas de designación establecidos para los tribunales constitucionales en Chile desde 1970 al presente. Se revisa en detalle el sistema de selección y nombramiento vigente y cómo ha sido valorada la práctica de las designaciones, ahondando en las críticas que el sistema ha recibido desde la doctrina. Luego se describe cómo se aborda este problema en los diversos proyectos de nueva Constitución que han resultado de los procesos constitucionales, destacando cómo las innovaciones propuestas buscan resolver las deficiencias identificadas por la doctrina. Finalmente, se describen detalladamente los procesos de designación de ministros del Tribunal Constitucional desarrollados entre 2022 y 2023, que han visibilizado las deficiencias y debilidades del sistema vigente, y los riesgos latentes en las modificaciones propuestas.

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El derecho al olvido digital es una figura controvertida en Chile y en el derecho comparado. Los debates parten de la base de situarlo como un derecho fundamental y suelen girar en torno a su posible –o no– reconocimiento en el sistema jurídico. En otro plano, el debate se centra en los criterios de procedencia frente a colisión con otros derechos, principalmente con las libertades de expresión y de información.

Este trabajo, siguiendo un enfoque de teoría de derechos fundamentales, abordará un plano de discusión poco explorado en nuestro medio: las garantías de un (pretendido) derecho al olvido digital en Chile. Pese a (y a causa de) la falta de claridad dogmática respecto a los elementos que configuran a este pretendido derecho fundamental, la práctica constitucional chilena ha solido encausar estos casos a través de la acción de protección. Sin embargo, la tramitación del actual proyecto de ley que reforma la ley Nº 19.628 sobre protección de datos personales, supondrá la adopción de un nuevo esquema regulatorio en estos temas, riñendo posiblemente, la práctica hasta entonces mantenida, al renovar la acción de hábeas data, hoy en desuso. Esbozaré algunas reflexiones de lege ferenda y sostendré que una posible superposición de modelos de garantía podría generar inconvenientes de litigación al existir concurrencia de acciones; así como la adopción de criterios dogmáticos y jurisprudenciales contradictorios en la configuración del contenido del derecho.

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En los dos últimos procesos constitucionales se han efectuado esfuerzos normativos por describir a nivel constitucional el carácter del control que tiene la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Si bien ambas propuestas de Constitución Política fueron desechadas en plebiscitos constitucionales, este trabajo argumenta que la propuesta de 2023 aportaba elementos normativos para la construcción de una teoría del control concreto de constitucionalidad de la ley, lo cual podría servir como antecedente para enriquecer el actual debate sobre la interpretación del artículo 93 N° 6 de la Constitución Política vigente.

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Este artículo realiza un análisis de la necesidad de modernizar y reformar nuestro Poder Judicial a partir de un crudo diagnóstico de su funcionamiento institucional y de la percepción ciudadana del acceso a la justicia y de la respuesta que esta entrega a través del sistema judicial. La modernización se aborda en tres dimensiones: la de los avances y reformas introducidas o pendientes de hacerlo en el área procesal; la que dice relación con los cambios que se deben efectuar en el Gobierno Judicial; y, finalmente, de la forma cómo se actualiza y se hace efectivo el derecho de acceso a la justicia. Este análisis se realiza tomando como base la historia reciente de nuestro país, pero muy especialmente las propuestas contenidas en el texto constitucional que surge como resultado del trabajo efectuado en el Proceso Constitucional 2023, en la formulación final que propone su Consejo Constitucional, a partir del texto que formulara previamente la Comisión Experta. Se sostiene que existen innovaciones profundas y de alto significado que fortalecerán seriamente el funcionamiento institucional de la Justicia y del Poder Judicial.

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El presente trabajo realiza un análisis teórico de las disposiciones sobre interpretación jurídica en el Anteproyecto de Constitución Política de la República (ACPR) elaborado por la Comisión Experta. En particular, pretende caracterizar la directiva interpretativa del artículo 5 inciso 2 del ACPR. Para ello, en primer lugar, se aborda brevemente la importancia de la interpretación jurídica en general y de la interpretación constitucional en particular. Esta última se caracteriza a partir de criterios relativos al sujeto que interpreta; al objeto de la interpretación; los métodos o técnicas interpretativas y los efectos que esta habitualmente produce. En segundo lugar, se caracteriza la disposición del artículo 5 inciso 2 como una directiva de interpretación jurídica de tipo sistemática, específicamente de interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. El trabajo concluye presentando algunas preguntas abiertas que surgen a partir de la lectura e interpretación de diversos artículos del ACPR en materia de interpretación jurídica.

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El presente texto tiene por objetivo revisar las tres instancias en las que, con motivo de la judicialización por alzas en precios de Isapres, la Corte Suprema hizo extensivo los efectos de sus sentencias a terceros que no recurrieron, es decir extendió las sentencias erga omnes. Esto ocurrió en el año 2022, en dos ocasiones referido al alza de los planes de salud y la tabla de factores. Al año siguiente la CS vuelve a dictar un fallo con efectos erga omnes pero ahora respecto al precio cobrado por la Isapre respecto de la prima GES.

Lo anterior significó un amplio debate desde la academia y la judicatura dividiéndose las posturas entre quienes consideraron que aquello no había vulnerado el artículo 3° inciso segundo del Código Civil versus los que estimaron que aquello habría significado entre otros una grave vulneración al Estado de Derecho. Se procederá a realizar una revisión de dichos argumentos y a presentar desde la doctrina italiana una propuesta a objeto de resolver la problemática expuesta.

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El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la determinación de los deberes y estándares de servicio en la responsabilidad del Estado por falta de servicio, específicamente en el contexto de su actividad de regulación. Se argumenta que la existencia de agencias administrativas independientes implica considerar su grado de especialización y el sector sobre el cual ejercen sus competencias. Así, en primer lugar, se recurre a la literatura sobre agencias reguladoras y sobre el control judicial que sobre ellas recae. Luego, en segundo lugar, se ilustra el argumento con el análisis de un reciente fallo de la Corte Suprema que condenó a la ex Superintendencia de Valores y Seguros al pago de una indemnización a título de responsabilidad por falta de servicio.

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En el presente trabajo se analizan las propuestas ambientales elaboradas durante el Proceso Constitucional 2023, en el marco de la discusión constituyente de los últimos años. Así, en un primer momento se explica el alcance político y normativo de la “base ambiental” del artículo 154 de la Constitución; luego se expone el contenido de la constitución ambiental desarrollada en el Anteproyecto de nueva Constitución propuesto por la Comisión Experta; y, finalmente, se abordan los alcances de la constitución ambiental del Proyecto de nueva Constitución elaborado por el Consejo Constitucional y rechazado por la ciudadanía en el plebiscito de diciembre del 2023. Se termina con algunas reflexiones finales y se ofrece un breve cuadro comparado de las redacciones analizadas.

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El objetivo del presente trabajo es revisar las funciones y atribuciones de los distintos organismos que intervienen en el control de las armas de fuego en Chile. En esta línea, se plantea que, junto con el establecimiento de un régimen punitivo en materia de control de armas, es relevante caracterizar la relación que subyace entre la autoridad central de coordinación y los demás organismos intervinientes, pues en este ámbito se pueden explorar alternativas que mejoren el sistema de control de armas y disminuyan la desviación de armas de fuego inscritas para fines ilícitos. Para ello, se revisan los alcances y la forma en la que se materializa el principio de coordinación administrativa en este ámbito, cuál es el objetivo de la ley N° 17.798 y las alternativas regulatorias que han adoptado otros países para organizar a los intervinientes en el sistema de control de armas.

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Los programas de cumplimiento son una de las herramientas más usadas en los procedimientos administrativos sancionatorios que instruye la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En el presente trabajo se revisan fallos recientes de la Corte Suprema, con el objetivo de analizar cómo aquellos pueden generar efectos en la aplicación y uso de este instrumento de incentivo al cumplimiento. Específicamente, se analiza el régimen recursivo y la posibilidad de presentar más de una versión del programa.

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La Ley N°21.595 que regula la Ley de Delitos Económicos, publicada con fecha 17 de agosto de 2023, introdujo dos grandes modificaciones de interés para el derecho ambiental que serán tratadas en este comentario. Primero, el artículo 48 numeral 8° introdujo el párrafo 13, del Título VI, del Libro II del Código Penal, referido a “Atentados contra el medio ambiente”. Mientras que el artículo 57 introdujo modificaciones a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LO-SMA), incorporando los artículos 37 bis y 37 ter. Este comentario revisa los nuevos delitos ambientales, las modificaciones a la LO-SMA y presenta algunas reflexiones teórico-prácticas que surgen de una primera revisión de esta nueva normativa.

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El presente Artículo analiza la situación generada por la localización de centros de cultivos acuícolas en áreas protegidas del Estado, especialmente en la Reserva Nacional Kaweskar. A juicio de los autores se aprecia una falta de consistencia regulatoria en materia de protección ambiental, cuestión que ha impedido regular y armonizar los distintos usos -exclusivos o coexistentes- al interior de estas áreas, reflejado, y a modo de ejemplo, en la creación de áreas protegidas en las que existe desarrollo de actividades de acuicultura, sin embargo, se omite dotar dichas áreas de los respectivos planes de manejo que permita adecuar las condiciones de operación y funcionamiento de las distintas actividades desarrolladas al interior de ellas con la protección que se aspira al categorizarles como tal, o por otro lado, la uniformidad, hasta ahora, en la evaluación ambiental de proyectos de acuicultura, sea que se ubiquen dentro o fuera de áreas protegidas. Se aboga por un adecuado diagnóstico y decisión que permita fijar las reglas y condiciones para un uso compatible con protección cierta y equilibrio ecológico, que resuelva las debilidades institucionales ante la debida, necesaria y adecuada protección de estos espacios y ecosistemas marinos, asegurando su preservación, conservación y restauración ecológica y, alcanzar, efectivamente, el equilibrio entre desarrollo económico y protección del medio ambiente.

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Este artículo tiene por objeto problematizar la idea de que existe un “estándar internacional” del Consentimiento Libre Previo e Informado, que puede ser correctamente determinado y aplicado. Se postulará que “detrás” de la noción de “estándar internacional” hay una serie de opciones hermenéuticas de los intérpretes que determinan y dan forma a dicho concepto, generando en la práctica múltiples “estándares” que se superponen y oponen. Para ello, se describirán las diferentes “normas” de consentimiento existentes en el sub-sistema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se analizará el uso de la noción de “estándar internacional” en dos casos recientes en que se ha apelado al consentimiento en Chile: uno, del proceso constitucional de 2022; otro, a propósito de una sentencia de la Corte Suprema del año 2020. El artículo termina con una breve reflexión sobre la importancia que puede tener pensar pragmáticamente los derechos humanos, al momento de decidir sobre qué noción del “estándar internacional” se utilizará.

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El presente artículo ofrece un análisis de los procesos de opiniones consultivas sobre cambio climático que se están viendo en tres tribunales internacionales: Corte Internacional de Justicia, Tribunal Internacional del Mar y Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo busca ofrecer una mirada constructiva e integral a los procesos en comento, examinando elementos procedimentales y sustantivos, y potenciales contribuciones de estas opiniones al derecho y acción climática.

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El presente trabajo tiene por propósito analizar el derecho humano al cuidado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para ello, se presentarán sus antecedentes en el ámbito regional, los cuales conjugan su reconocimiento en instrumentos de derechos humanos con su demanda social y feminista. A su vez, se expondrán los estándares relativos a la utilización del enfoque directo del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en función de la solicitud de opinión consultiva realizada por la Argentina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ello, se sostendrá – a partir de un análisis de la normativa y estándares vigentes – que el derecho humano al cuidado es justiciable de manera autónoma dentro del artículo 26 del Pacto de San José.

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