Desde su primera versión en el año 2010, el Anuario de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales se ha caracterizado por reunir en un volumen único anual diversas contribuciones de gran calidad a partir de una convocatoria cerrada. Desde este año, el Anuario se publicará en dos volúmenes anuales y, a partir del segundo volumen de 2026, contaremos con publicaciones seleccionadas mediante una convocatoria abierta y la posterior evaluación por parte de su Comité Editorial. Del mismo modo, el Anuario incluirá, desde el segundo volumen de 2026, un trabajo seleccionado también a través de una convocatoria pública, cuya autoría corresponderá a estudiantes con interés en el Derecho Público, con el propósito de abrir un espacio a la difusión de los trabajos de quienes hacen sus primeras armas en la disciplina.
Estos cambios nos permitirán acoger más contribuciones y responder con mayor oportunidad a la contingencia nacional. Agradecemos al Comité Editorial, al Decano de la Facultad y a Ediciones UDP en respaldar esta decisión.
La presente edición se circunscribe en el reconocimiento que el Derecho Público chileno sigue siendo un terreno fértil para el análisis jurídico riguroso. A las tensiones institucionales heredadas de los procesos constituyentes recientes se suman, en el último tiempo, episodios que ponen a prueba nuestras categorías dogmáticas y el trabajo de la judicatura: la crisis por el uso de licencias médicas y su repercusión para funcionarios públicos y personas trabajadoras, el diseño regulatorio ambiental orientado a la certeza jurídica de la inversión, los límites del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la sofisticación creciente del fraude fiscal transfronterizo. Sobre estos y otros asuntos reflexiona la presente edición.
Este primer volumen de 2026 reúne cinco contribuciones que, aunque diversas en sus objetos de estudio, siguen abordando las mismas áreas que el Anuario siempre ha cubierto con anterioridad. Además, todas ellas comparten una misma vocación, propia de esta publicación: iluminar, desde el Derecho Público, algunos de los debates de mayor repercusión pública del último tiempo. Dos de ellas discuten, desde ángulos distintos, la crisis suscitada por el uso de licencias médicas para viajar al extranjero. Por una parte, Camilo Mirosevic Verdugo y Óscar Fuentes Mondaca examinan, desde el Derecho Administrativo Sancionador, la reacción disciplinaria frente a funcionarios que salieron del país con licencia médica, y advierten los riesgos de una destitución automática que prescinda de la proporcionalidad, contrastando los criterios –no siempre uniformes– de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Asimismo, Álvaro Domínguez Montoya traslada el análisis al Derecho del Trabajo y estudia el mismo fenómeno como fundamento de despidos disciplinarios, identificando dos tesis en tensión: una que amplía el poder disciplinario del empleador apelando al contenido ético del contrato, y otra que reconduce el examen a la legalidad, la proporcionalidad y el respeto a la vida privada del trabajador. Leídos en conjunto, ambos trabajos muestran cómo un mismo hecho social proyecta consecuencias distintas según la sede – administrativa o laboral – desde la que se examine.
En materia de Derecho Ambiental, Claudio Sebastián Tapia Alvial analiza críticamente las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Sostiene que dichas modificaciones comparten un mismo defecto de calibración, al concebir la certeza jurídica como propiedad de momentos discretos del proce- dimiento, y no como un proceso continuo de convivencia entre el proyecto y el sistema de evaluación ambiental.
Desde el Derecho Internacional Público, Juan Pablo Delgado Díaz examina la captura de Nicolás Maduro por fuerzas armadas de los Estados Unidos y su traslado a territorio estadounidense, deteniéndose en dos problemas centrales: la prohibición del uso de la fuerza por los Estados y el alcance de la inmunidad diplomática de un jefe de Estado, a la luz de la práctica internacional reciente.
Cierra el volumen el trabajo de Victoria Anacona Ortiz sobre el fraude fiscal transfronterizo, fenómeno que, advierte la autora, ha evolucionado hacia formas de criminalidad organizada transnacional. Revisa instrumentos internacionales para su combate –el modelo de la OCDE y la Convención de Palermo– y mecanismos como el intercambio de información y el decomiso transfronterizo de activos.
Este Anuario no sería posible sin la generosidad de quienes ofrecen sus traba- jos. A todos y todas, la dirección del Anuario y la Facultad de Derecho de la Uni- versidad Diego Portales agradecen su disposición a formar parte de este proyecto. Seguimos comprometidos con una participación equilibrada de autoras y autores en estas páginas, objetivo que la convocatoria abierta de esta edición nos ayudará a perseguir con mayor fuerza.
Además, reconocer que nuevamente la edición de estilo de este número estuvo a cargo de Lorena Sánchez García, quien con su agudeza y celeridad hizo posible que esta versión viera la luz.
Nos complace invitarles a la lectura de este primer volumen de 2026, con la certeza de que contribuirá a la formación, a la cultura jurídica y a la discusión pública del Derecho Público. Los invitamos, además, a difundir entre sus estudiantes y colegas la próxima convocatoria.
Domingo Lovera
Tamara Carrera
Reynaldo Lam
Directores del Anuario de Derecho Público
Santiago, septiembre de 2026
-
1. Camilo, Mirosevic Verdugo; Óscar Fuentes Mondaca. "Licencias médicas: crisis disciplinaria, conflicto jurisprudencial y reconstrucción de estándares"
El artículo analiza la reacción disciplinaria frente a funcionarios que viajaron al extranjero con licencia médica y critica la tendencia a considerar esa conducta como causal automática de destitución. Sostiene que ello desconoce el principio de proporcionalidad, que exige evaluar cada caso según su gravedad, contexto y trayectoria funcionaria. A partir de doctrina, dictámenes de la Contraloría y jurisprudencia reciente, concluye que es necesario un estándar uniforme que impida sanciones automáticas y refuerce el control judicial efectivo.
-
2. Álvaro Domínguez Montoya. "Licencias médicas y despido disciplinario: el retorno del contenido ético y el autoritarismo del poder privado"
El artículo analiza el reciente debate jurisprudencial sobre el uso de licencias médicas para viajar al extranjero como fundamento del despido disciplinario. En este sentido se identifican dos tesis. La primera reconstruye ampliamente el poder disciplinario del empleador, invocando el contenido ético jurídico del contrato, desplazando el examen del incumplimiento hacia un juicio de reproche moral que prescinde de la proporcionalidad y del vínculo funcional con las labores convenidas. La segunda entiende que la licencia médica suspende las obligaciones esenciales del contrato, exigiendo una conexión directa entre la conducta reprochada y las funciones desempeñadas, reconduciendo el análisis del despido a los principios de tipicidad, legalidad, proporcionalidad y respeto de la vida privada. Finalmente, el artículo realiza un análisis crítico de los alcances de la posición jurisprudencial que cobija una tesis regresiva de los límites de la estabilidad en el empleo y los límites del poder disciplinario.
-
3. Claudio Sebastián Tapia Alvial. "Certezas mal calibradas: las reformas ambientales del Proyecto de Ley de Reconstrucción"
El proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social (“el Proyecto”) busca introducir un extenso catálogo de reformas al derecho ambiental chileno, con foco en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en la Ley n.°20.600, con el declarado propósito de dotar de mayor certeza jurídica a la inversión. Este trabajo sintetiza esos cambios y examina sumaria y críticamente tres de ellos, a saber, a) la restitución de gastos por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada; b) la ampliación de modificaciones sin nueva evaluación; y c) la limitación de la invalidación administrativa. Se sostiene que los tres cambios comparten un mismo sesgo, un defecto de calibración, conciben la certeza como una propiedad de momentos discretos del sistema (una sentencia que cierra, un umbral que exime, un acto que se vuelve firme), cuando el fenómeno que deben registrar es un proceso continuo en que el proyecto convive con el sistema ambiental. El Proyecto, en definitiva, no resuelve los focos de incertidumbre, sino que los traslada, y esa arquitectura normativa no alcanza el estándar de compromiso serio y técnico que el propio Proyecto se autoimpuso.
-
4. Juan Pablo Delgado Díaz. "La captura de Nicolás Maduro y sus implicancias desde el Derecho Internacional Público"
El presente trabajo analiza la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual fue trasladado, junto con su señora Cilia Flores, a territorio estadounidense para cumplir con una orden de captura por delitos de terrorismo y narcotráfico. En el presente artículo se presentará una visión desde el Derecho Internacional Público para revisar la legalidad de las actuaciones a partir de la entrada en el territorio de Venezuela de una operación militar, la captura de las personas en cuestión y el posterior traslado para ponerlas a disposición de autoridades judiciales fuera de su territorio. Como se verá, existen antecedentes que pueden utilizarse para determinar la responsabilidad de los Estados que cometen este tipo de conductas, a partir de pronunciamientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de los propios Estados afectados y de la comunidad internacional. Se advierte desde ya que en este trabajo nos referiremos solo a dos aspectos problemáticos: la prohibición de utilizar la fuerza por parte de un Estado y los relativos a la inmunidad diplomática de un jefe de Estado.
-
5. Victoria Anacona Ortiz. "Fraude fiscal transfronterizo: herramientas internacionales y nacionales para su combate"
El fraude fiscal ha evolucionado hacia la criminalidad organizada trasnacional, evidenciado en Chile por megafraudes con facturas falsas y triangulación de activos, superando las fronteras nacionales. Ante este escenario, el artículo analiza instrumentos internacionales de combate al fraude fiscal como el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE ) y la Convención de Palermo, enfocándose en el intercambio de información, levantamiento del secreto bancario y el decomiso transfronterizo de activos para una persecución penal efectiva. El artículo examina casos concretos de fraude fiscal y los mecanismos actuales de combate, integrando la dogmática jurídica con la realidad político-criminal contemporánea.