PRESENTACIÓN
La versión 2022 del Anuario de Derecho Público, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, nos ofrece la foto de un objeto en movimiento. Como suele ocurrir con el objeto en movimiento, la exactitud de la fotografía depende tanto de la técnica de quien la toma, como de los implementos con los que cuente. El objeto en movimiento que busca captarse, es el derecho público chileno durante el año recién pasado.
¿Por qué se trata de un objeto en movimiento? Por que sus bases, contenidas en la Constitución, se encuentran a estas alturas desde hace dos años sometidas a una redefinición. El denominado “estallido social”, acontecido a fines del año 2019, como se recordará, terminó con la apertura de un proceso constituyente. Parte de los contornos de ese proceso, así como de las ideas que ganaron una fuerte adhesión durante el mismo, fueron analizadas en la versión 2021 de este Anuario. Mientras en esa versión el proceso constituyente se estaba recién echando a andar, esta entrega ve la luz una vez que esa fase del proceso ha concluido y se abre una nueva.
Como es de público conocimiento, el día 4 de septiembre del año 2022 el pueblo elector rechazó la propuesta de nueva Constitución ofrecida por la Convención Constitucional. Sin embargo, las fuerzas políticas que habían empeñado su palabra en cuanto a mantener abierta la redefinición constitucional — a fin de cuentas, existe el consenso de que Chile padece de una crisis constitucional — lograron un nuevo acuerdo. El denominado “Acuerdo por Chile”, así, vuelve a encausar institucionalmente el proceso de reemplazo constitucional. Al momento en que este Anuario se publica, esa fase del proceso va a estar recién comenzando a ejecutarse.
El Anuario abre con una sección, entonces, dedicada al proceso constituyente. Allí se contiene un conjunto de reflexiones que son valiosas no sólo de cara a la fase finalizada el 4 de septiembre, sino que también aportan lecciones para la nueva etapa que comenzará a desarrollarse con la instalación de la Comisión experta el día 6 de marzo del año 2023.
Aunque el objeto análisis de este Anuario se encuentra en movimiento, debe advertirse — cuestión a la que le ha teoría del derecho a dedicado copiosas páginas — que, del hecho de que se esté redefiniendo el marco constitucional, no se sigue que el resto del ordenamiento jurídico quede inmóvil a la espera de esa determinación. Las demás secciones del Anuario apuntan, como ya es tradición en esta publicación, a dar cuenta de los desarrollos del derecho público chileno. En estos desarrollos se incluyen novedosas decisiones judiciales, por una parte, así como también modificaciones legales que, como digo, siguen sucediéndose no obstante el devenir del proceso constituyente. Para insistir una vez más: que el resto del ordenamiento jurídico siga en movimiento no es irrelevante. Lejos de lo un acercamiento descuidado podría sugerir, es incluso posible que — dada la especial contingencia del caso chileno — algunos de estos desarrollos, de los que el Anuario da cuenta, pueden terminar impactando “desde abajo hacia arriba” a la misma redefinición constitucional.
Como ya es tradición en esta publicación, los artículos que se ofrecen para la lectura han sido escritos por autores y autoras, cuidando una adecuada equidad de género. Tal como ocurre en otras ocasiones, una parte importante de los artículos que componen esta edición han sido sugeridos, y sus autores y autoras contactadas, por los distintos y distintas integrantes del comité editorial. Sin su trabajo este obra no sería posible.
Como en años anteriores, la publicación de este Anuario no sería posible sin la atenta asistencia en la coordinación y edición de Violeta González, ayudante del Programa de Derecho Público y pilar fundamental de esta publicación.
Domingo Lovera Parmo
Santiago, diciembre de 2022
Proceso Constituyente
-
1. Protección del derecho de propiedad en la Propuesta de Nueva Constitución: un preocupante retroceso - Natalia González Bañados
El grado de protección que se le brinde al derecho de propiedad es un factor muy incidente en los niveles de inversión y desarrollo y redunda en el bienestar de la población. El presente artículo sostendrá que la regulación Constitucional vigente sobre propiedad es más robusta que la propuesta de la Convención Constitucional, en particular respecto del estatuto expropiatorio, y que ésta última se funda en una concepción errónea, respecto al carácter “absoluto” que tendría la regulación actual de este derecho y que habría implicado un retroceso del Estado en ciertos ámbitos. Se cuestiona en base a lo anterior, la conveniencia de aprobar en dichos términos la propuesta y las posibles consecuencias económicas de aquello.
-
2. El derecho de propiedad en el proceso constituyente: Una discusión bajo la sombra del artículo 19 Nº 24 de la Constitución de 1980 - Matías Guiloff Titun y Viviana Ponce de León Solís
En este trabajo analizamos la regulación del derecho de propiedad en el texto de la Constitución de 1980 y en la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, identificando sus fortalezas y debilidades comparativas. A partir de este análisis es posible apreciar que la Constitución de 1980 consagró una concepción rígida y absoluta del derecho de propiedad, ante la cual, por contraste, cualquier otro estatuto constitucional parece conllevar un debilitamiento de su protección. Este es un factor que sin duda deberá tenerse en cuenta en un futuro proceso constituyente o en reformas constitucionales que aspiren a promover un mejor equilibrio entre el derecho de propiedad y otros derechos fundamentales.
-
3. “Para evitar las borrascas y las situaciones violentas y desagradables”: El procedimiento para aprobar las normas constitucionales en la convención - Sebastián Soto Velasco
El artículo examina cuatro facetas del reglamento que adoptó la Convención Constituyente para aprobar las normas de la propuesta de nueva constitución. La primera se enfoca en la discusión que le antecedió planteando que dos de los defectos deliberativos más trascendentes del proceso se pudieron apreciar ya en las discusiones reglamentarias. Luego el análisis se detiene en la concepción sustantiva y no procedimental de muchas normas de los reglamentos para, más adelante, cuestionar diversas cláusulas procedimentales que construyeron un proceso excesivamente rígido, incapaz de administrar la complejidad y sin espacios formales para el consenso. Finalmente se muestran los efectos de debilitar la estructura organizativa interna que generaron las normas reglamentarias, en particular el trabajo de comisiones. Todo esto se destaca a fin de evitar que un nuevo proceso repita errores advertidos y genere mejores procedimientos para la deliberación y el consenso.
-
4. Representación política de mujeres, del género y del feminismo en el proceso constituyente chileno de 2019 – 2022 - Natalia Morales Cerda
El presente trabajo describe y analiza críticamente los derroteros de la representación política de mujeres en la primera parte del camino constituyente chileno para poner fin a la Constitución Política de 1980, emprendido entre 2019 y 2022. Para ello, en primer lugar, se describen las categorías de representación formal, descriptiva, simbólica y sustantiva, desarrolladas por Hanna Pitkin en la década de 1970, y que componen un marco teórico extensamente utilizado por las teóricas feministas en el estudio de la representación política hasta nuestros días. En segundo lugar, se describe cómo las teorías feministas y de género han hecho suyas estas categorías y, en tercer lugar, se explican las formas que éstas adoptaron en el proceso constituyente y en el texto constitucional finalmente rechazado en el plebiscito celebrado el 4 de septiembre de 2022. Desde allí, con una mirada crítica al llamado “relato estándar” de la representación política, se busca iluminar algunas lecciones que el primer proceso constituyente paritario de la historia nos ha dejado.
-
5. Responsabilidad ambiental en el debate constitucional implicancias y desafíos regulatorios - Rodrigo Rivera Cuevas
En el reciente proceso constituyente se propuso reconocer el principio de responsabilidad ambiental como uno de los pilares fundamentales para la protección del medio ambiente. Dicha propuesta nos invita a debatir sobre la definición de este principio, cuyo alcance va más allá del solo deber de reparación del daño ocasionado. La tendencia es a obtener una perspectiva amplia o al menos preventiva de la responsabilidad ambiental, para un doble efecto: disponer de deberes activos por parte del Estado en la protección del medio ambiente y, con respecto de los regulados, disponer de exigencias que permitan “evitar” daños o, de ocurrir ello, “garantizar” ex ante una reparación efectiva del medio ambiente. Conforme ello, cabe analizar si las disposiciones, herramientas e instituciones vigentes son útiles para abordar preventiva o restaurativamente los daños y efectos nocivos que se generen sobre el medio ambiente. Bajo otra perspectiva, el objeto de estudio consiste en analizar la efectividad de disponer un principio de responsabilidad ambiental que, conforme las reglas constitucionales vigentes, actualmente no existe (pero se espera que exista).
-
6. Mecanismos de Participación Popular en la Convención - Tomas Vial Solar y Catalina Vargas Maldonado
El propósito de este artículo es describir el marco normativo sobre participación popular que se dio en la reciente Convención Constitucional y los mecanismos que ella estableció para ese propósito. Concluimos que ellos fueron sin duda amplios e innovadores, representando un genuino esfuerzo de crear caminos de participación directa en el quehacer del órgano constituyente. Pero, a la vez, por las diversas restricciones a las que estaba sometida la Convencional, fundamentalmente el tiempo, ellos no fueron del todo lo eficaces o transparentes como habría sido teóricamente deseable.
-
7. La constitucionalización de las obligaciones del Estado sobre derechos humanos y justicia transicional. El proceso constituyente chileno como caso de análisis - Francisco Bustos y Pietro Sferrazza
La pregunta que este trabajo pretende abordar se relaciona con la plausibilidad de incluir en las constituciones latinoamericanas, y específicamente en una eventual Nueva Constitución en Chile, algunas normas que consagren y definan el contenido de las obligaciones internacionales que se acaban de mencionar. El proceso constituyente chileno representa un caso interesante respecto del cual se puede realizar esta reflexión, pues la propuesta de Nueva Constitución contenía varias disposiciones constitucionales sobre las obligaciones generales del Estado en materia derechos humanos, los deberes específicos de investigación y sanción, el derecho a la reparación integral y el derecho a la verdad.
-
8. Entre dos corrientes: derecho al agua e inversiones como influencias en torno el debate constitucional en Chile - Amaya Álvez Marín, Rodrigo Castillo Jofré, Kimberly Iglesias Morales
Como parte de los debates recientes en materia de cambio constitucional en Chile, se ha planteado una reformulación del estatuto fundamental de las aguas, considerando aspectos de derechos fundamentales, protección ecosistémica y gestión involucrados en su normativa. Frente a ello, desde el ámbito internacional, existen importantes corrientes de influencia que orientan una eventual nueva normativa. Este trabajo se centra en el vínculo entre las influencias vinculadas a la consagración del derecho humano al agua, y aquellas provenientes del Derecho Internacional en materia de inversiones (DII). Se exploran las diferentes respuestas que desde el ámbito internacional, y a nivel interno en Chile, se han dado a situaciones de aplicación de ambas áreas para conflictos en materia de acceso al agua, y se distinguen puntos de convergencia y tensión que sean útiles para informar el proceso de reforma a la regulación constitucional del agua.
Desarrollo del Derecho Público
Derecho Constitucional
-
9. Desconocimiento y subordinación. Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de Chile al Proyecto de Ley que establece Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez - Nicolás Espejo Yaksic
En este texto se revisa críticamente los argumentos desarrollados por el voto de mayoría en la sentencia que impugnó algunas secciones de la que es, por hoy, la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. La tesis central de este trabajo es que el Tribunal Constitucional desconoce y subordina los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en dos sentidos específicos. De un lado, el Tribunal Constitucional desconoce el rol esencial que los derechos individuales juegan al interior de las familias. Con ello, el Tribunal descuida, gravemente, el rol cautelar que la Constitución ejerce respecto de la vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito privado. De otro lado, el Tribunal Constitucional subordina la titularidad y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a los derechos de control parental. De esa forma, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos vinculados con el ejercicio progresivo de la autonomía individual, pierden todo peso normativo relevante. Ello afecta, a su vez, el desarrollo mínimo de aquellas condiciones que habilitan, en el marco de relaciones de cuidado, guía y orientación parental, el despliegue de la autonomía y la agencia moral en niñas, niños y adolescentes.
-
10. Comentarios sobre los cuestionamientos al pase de movilidad y las respuestas de las cortes y autoridades administrativas - Carolina Carreño Orellana
Desde que se conoció la existencia del Covid-19, las autoridades nacionales implementaron un conjunto de iniciativas con el objetivo de proteger a la población (Plan de Acción Coronavirus). Una de esas medidas es el pase de movilidad instaurado en el año 2021 que aún se mantiene vigente y corresponde a documento que se entrega a todas las personas que completaron su proceso de vacunación contra el virus Covid-19. En un comienzo fue criticada por fomentar la movilidad y con ello aumentar el número de contagios. Mas adelante, la medida fue cuestionada vía administrativa y judicial atendiendo las prerrogativas de las autoridades y la eventual vulneración de derechos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las cortes han estimado que al resultar una medida de política pública en beneficio de la salud de la población ella no atenta arbitrariamente prerrogativas constitucionales.
En el presente texto, se revisarán los principales cuestionamientos al pase de movilidad y las respuestas de las autoridades administrativas y judiciales dictadas en el año 2021, haciendo especial énfasis en los argumentos a favor y en contra de la medida, y si ha existido alguna evolución de éstos a partir de sus primeras decisiones. Por último, se terminará con un apartado de conclusiones.
-
11. Jurisprudencia sobre derecho al agua - Rodolfo Figueroa García-Huidobro
El año 2021 hubo un caso sobre derecho al agua ante la Corte de Apelaciones de Arica. El caso no llegó a la Corte Suprema. La corte de Arica rechaza el recurso, pero existe un voto disidente que recoge doctrina de la Corte Suprema dictada del año anterior, el 2020. En esa doctrina decepciona el derecho internacional de los derechos humanos, que reconoce el derecho de acceso al agua, bajo ciertos estándares.
-
12. La ley N°21.431 sobre trabajo en plataformas digitales y la relevancia del derecho del trabajo - Jorge Leyton García
Chile se ha otorgado una normativa para regular las condiciones laborales en que se prestan servicios en la llamada economía de plataformas. La legislación aprobada es una de las primeras a nivel mundial que aborda este fenómeno, responde a la pregunta por la laboralidad del vínculo entre las partes y establece protecciones básicas. Sin embargo, las nuevas normas tienen en sus ejes centrales un problema que pone en riesgo su efectividad como norma protectora: la falta de atención a las desigualdades de poder inherentes a toda relación laboral. Asimismo, tanto el debate legislativo de estas normas como su producto final dan cuenta de una oportunidad perdida para abordar en forma crítica el impacto que la economía de plataformas ha tenido en la efectividad de las legislaciones laborales como instrumento para proteger a los trabajadores más vulnerables. Junto con abordar estas materias, en este comentario se describen los principales elementos de la nueva legislación, junto con el contexto en el cual se inicia y desarrolla el debate legislativo. El texto concluye con algunas reflexiones sobre la idoneidad de la disciplina laboral para enfrentar desafíos como el planteado por la economía de plataformas.
-
13. La comunicación ilícita de datos de participación electoral y la (des) protección de datos personales y sensibles por el Servicio Electoral - Michelle Bordachar Benoit y Pablo Contreras Vásquez
A finales de abril del 2022, el Servicio Electoral expuso a casi 15 millones de personas, al divulgar en su sitio web información que incluía su número de cédula de identidad, género, edad, comuna, afiliación a partido político, calidad de indígena y la circunstancia de haber participado –o no– en las elecciones municipales realizadas en mayo del año 2021. Este trabajo examina el caso y analiza las intervenciones de las autoridades. Para ello, primero se describen los hechos de, posiblemente, la mayor filtración de una base de datos personales y sensibles en la historia del Estado chileno. En la siguiente sección, se analizan críticamente algunas de las declaraciones realizadas por el Servicio Electoral que revelan el desconocimiento de elementos básicos de la legislación de protección de datos personales, incluida la respuesta enviada ante el requerimiento de información efectuado por el Consejo para la Transparencia respecto del incidente. Luego se examina la competencia de este último para realizar este tipo de intervenciones relacionadas con la protección de los datos personales de los ciudadanos. El texto concluye advirtiendo las deficiencias que el caso exhibe en materia de protección de datos personales, los peligros de aceptar las fuentes accesibles al público como una base habilitante para el tratamiento de datos personales, y el problema de la falta de fiscalización y control regulatorio por parte del Estado.
-
14. Análisis Constitucional del remedio estructural propuesto por la Fiscalía Nacional Económica en el Mercado del Gas Licuado Petróleo - Santiago Montt Oyarzún
Este trabajo analiza la constitucionalidad de las propuestas de regulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) contenidas en el “Informe Preliminar – Estudio de Mercados del Gas (EM06-2020)”, elaborado por la FNE en octubre de 2021 (el “Informe Preliminar” o “Informe FNE”).
[…]
Este trabajo se estructura en dos partes. En la primera parte, se revisa –y se rechaza– una posible aplicación “categórica” del artículo 19 N° 21 de la CPR en favor de las empresas distribuidoras mayoristas de GLP. En la segunda parte, se revisa la constitucionalidad de las medidas propuestas por la FNE conforme a un análisis de ponderación o proporcionalidad. Se concluye que la Constitución no protege a un oligopolista que se ha beneficiado de una falla de mercado cobrando precios supra-competitivos persistentes a los consumidores. El Estado tiene el poder-deber de corregir las fallas de mercado y de aumentar la libertad y el bienestar general.
Derecho Administrativo
-
15. Contrato a honorarios celebrado por la Administración del Estado: La mutación jurisprudencial en contrato de trabajo y dos consecuencias concretas derivadas de dicha declaración judicial - Alejandro Cárcamo Righetti
Transcurridos algunos años desde el pronunciamiento de nuestra Corte Suprema en la causa “Vial Paillán, Juan Pablo con Municipalidad de Santiago”3, el que podría ser considerado como el leading case en materia de personas contratadas a honorarios por la Administración del Estado cuando dicha contratación no se encuadra en los presupuestos legales previstos en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo -en adelante, Ley N° 18.834-, o en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales -en adelante, Ley N° 18.883-, según corresponda, nos proponemos revisar y analizar brevemente el estado de la cuestión en la jurisprudencia del máximo tribunal durante el año 2021, específicamente, en cuanto a los requisitos exigidos para la procedencia de declarar por la judicatura laboral la existencia de una relación de trabajo regida por el código del ramo, la obligatoriedad del pago de las cotizaciones previsionales devengadas durante la vigencia del vínculo a honorarios y la posibilidad de aplicar la sanción de nulidad del despido prevista en los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo.
-
16. Desafíos en el diseño institucional de una banca de desarrollo - Beatriz von Loebenstein Weil
La creación de una banca nacional de desarrollo es una novedad en el ordenamiento jurídico chileno, puesto que tiene ciertas características que la diferencian de otras instituciones de fomento productiva chilenas. El objeto de este artículo es revisar las implicancias jurídicas y de diseño institucional que conlleva la creación de una entidad de esta naturaleza. Para cumplir con este objetivo, se revisará el universo de instituciones de fomento que existen actualmente y las regulaciones constitucionales sobre actividad empresarial estatal y la regulación de las empresas públicas. A partir de este contexto institucional y marco jurídico se plantearán algunos desafíos relacionados con la introducción de este tipo de instituciones. Esos desafíos combinan elementos jurídicos y de técnica legislativa, con decisiones políticas sobre el rol del Estado en la economía.
-
17. Derogación jurisprudencial de la salud incompatible para el desempeño del cargo como causal de declaración de vacancia - Alejandro Cárcamo Righetti
Derecho Ambiental
-
18. Ley N° 21455, Marco de Cambio Climático: Un nuevo paradigma en la toma de decisiones - Paula Fuentes Merino
El propósito de este trabajo es revisar los principales aspectos contenidos en la Ley 21.455 Marco de Cambio Climático publicada el 13 de junio de 2022 y como su consagración cristaliza la instalación de un nuevo paradigma en la forma en que se deben tomar las decisiones en materia ambiental y, específicamente en lo concerniente al cambio climático, transitando desde el centralismo y la fragmentación hacia una visión integradora, coherente, participativa y multinivel.
-
19. Nuevo código de aguas 2022: los ejes del cambio de la regulación de las aguas terrestres en Chile - Camila Boettiger Philipps y Juan José Crocco Carrera
El objetivo de este trabajo es exponer los principales ejes de la reforma al Código de Aguas introducida por la Ley N° 21.435 de 2022, sistematizando los nuevos principios o bases que se integran a la regulación de las aguas terrestres en Chile, a través de la explicación de las modificaciones que sustentan cada uno de ellos. Para lo anterior, primero se reseña brevemente la tramitación de la Ley N° 21.435 de 2022, y después se abordan cada uno de los ejes más significativos de la reforma, detallando los cambios normativos que introducen a través de nuevas potestades de la autoridad, limitaciones, modalidades y cambios en características al ejercicio de los derechos sobre las aguas, sistemas de información y registro, entre otros. A través de este análisis, se pretende demostrar que la entidad y cantidad de las modificaciones, dogmática y prácticamente traen nuevos paradigmas que indican que estamos ante un nuevo Código de Aguas, más que una simple reforma al anterior vigente desde 1981.
-
20. La Constitución Ecológica y su camino al andar - Ezio Costa Cordella
Estamos actualmente en un proceso constituyente que no tiene un término claro, pero del que podemos a lo menos distinguir 3 etapas: 2016 a 2018, 2019 a 2022, y una tercera que pronto debería tomar forma. En estas, podemos identificar un hilo conductor común en torno a la preocupación ciudadana por hacerse cargo constitucionalmente de las problemáticas ambientales; sin embargo, este elemento en común ha tomado facetas diferentes en los procesos pasados (al no ser considerado en el texto final de 2018, pero ser profusamente reconocido en la propuesta de Constitución Ecológica de 2022), y es esperable que lo haga en el futuro. Este artículo busca ofrecer una reflexión sobre estos procesos previos, para concluir que la necesidad de una estructura normativa que nos permita afrontar la situación ambiental es un elemento de continuidad entre estos procesos, y por lo tanto, la estructura normativa que la afronte debería mantenerse en términos generales, aunque es normal y positivo que se modifiquen ciertos aspectos.
Derecho Internacional
-
21. Consecuencias jurídico-geopolíticas de la guerra en Ucrania - Paulina Astroza Suárez
El Derecho Internacional (DI) contemporáneo, en lo que a regulación de la fuerza en las relaciones internacionales se refiere, se cimienta en dos importantes principios de la segunda postguerra mundial: la prohibición del uso y amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la solución pacífica de controversias. En la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encuentran consagración expresa tras la toma de conciencia de los Estados que la soberanía de éstos no podía seguir siendo absoluta, reconociendo como límite el DI y dentro de éste, estas dos reglas esenciales para mantener la paz y seguridad internacional. Se trataba de no volver a vivir un tercer conflicto global con consecuencias devastadoras para toda la Humanidad. Estos principios tuvieron desarrollo posterior en resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la doctrina y jurisprudencia, y han sido aplicados generalmente en las relaciones internacionales. Sin embargo, como ordenamiento jurídico que es, es el “deber ser” de los sujetos del DI. El “ser internacional” no siempre se ha ajustado a estas reglas internacionales ni tampoco siempre se ha hecho efectiva la responsabilidad internacional que ha correspondido a los violadores. “Dos pesos, dos medidas”, como se diría en Relaciones Internacionales. Con la guerra en Ucrania, veremos nuevamente que el “ser” no se ajusta al “deber ser” y, esta vez, con consecuencias geopolíticas mayores.
-
22. Los dos casos contenciosos resueltos por la Corte Interamericana respecto de Chile en 2021: “Vera Rojas” y “Profesores de Chañaral” - Silvia Serrano Guzmán y Patricio López Turconi
Durante 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió dos casos contenciosos contra el Estado de Chile: “Vera Rojas y otros”, abordando el derecho a la salud de una niña con discapacidad, y “Profesores de Chañaral”, pronunciándose sobre las obligaciones del Estado frente a la llamada “deuda histórica” del profesorado en Chile. Este artículo analiza ambas sentencias en detalle. Por un lado, se ofrece una recapitulación de la plataforma fáctica de ambos casos y de su historia procesal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, se destacan los principales hallazgos de la Corte IDH en materia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones. En particular, el artículo distingue los desarrollos y puntos más relevantes de cada decisión, resaltando su contribución a la jurisprudencia interamericana y a la protección de los derechos humanos en la región.
-
23. “Abort the Court”: Roe, Dobbs y el conservadurismo judicial en los Estados Unidos - Jorge Contesse Singh
En junio de 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, que revocó el precedente judicial que, desde 1973, reconoció el derecho constitucional al aborto en el país. La sentencia marca el fin de un proceso sostenido de estrategias jurídicas y políticas de movilización por parte de grupos conservadores que vieron a Roe como una amenaza a los valores fundamentales de la familia desde el día que fue pronunciado. Este trabajo describe los aspectos fundamentales del voto de mayoría de Dobbs, redactado por el juez Samuel Alito, y sitúa la sentencia en el contexto de disputas jurídicas y políticas por la manera como se debe interpretar la Constitución, el rol y funcionamiento de la Corte Suprema como autoridad final para dicha interpretación y el deterioro institucional que los últimos procesos de nombramiento de jueces y juezas han mostrado.
Cátedra Jorge Huneeus Zegers
-
24. Shaping Constitutional Imaginations: Debating the inclusion of socio-economic and property rights in the South African Constitution - Heinz Klug